Boletín 5 Rodrigo Pizarro: “El proyecto SBAP reconoce que se requieren nuevos instrumentos de gestión ambiental y un rol más proactivo del Estado”

Foto Rodrigo Saavedra pqRodrigo Pizarro Gariazzo es economista de la London School of Economics & Political Science, Master of Science de la Universidad de Carolina del Norte en Economía y doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad de Stanford. Fue director ejecutivo de la Fundación Terram y se ha desempeñado como profesor del departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile.

En marzo del año pasado asumió el cargo de Jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, repartición que trabaja entre otros temas en   generar información e instrumentos de gestión y apoyar la política de biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio.

“El problema central que vemos en Chile en relación a la política ambiental es que el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de sólo de un componente de ésta, la mayor parte de la responsabilidad en materia de gestión de la biodiversidad se encuentra repartida en  otros servicios públicos como es el caso de CONAF, el SAG y otros servicios relevantes” contextualiza Pizarro.

– Y esto fue uno de los elementos que evidenció el Estudio de Gasto Público en Protección Ambiental realizado en conjunto con la Cepal…

Sí, primero cabe señalar que dicho informe es el único estudio que existe en el país con metodología y estándares internacionales, utilizando la metodología CAPA (Clasificación de Actividades y Gastos de Protección en Medio Ambiente). Esto nos permite compararnos con otros países respecto a los gastos en protección ambiental, entendidos de una manera amplia y no sólo como lo que gasta el Ministerio de Medio Ambiente, sino lo que hace la gran mayoría de los servicios públicos dedicados a este tema. Este estudio nos sirve para dos cosas: por un lado, delimitar los gastos que el Estado hace en materia de protección ambiental, específicamente en el ámbito de la biodiversidad, y por otro, mostrar con indicadores nítidos, dónde se están tomando las decisiones en gestión ambiental en este ámbito.

– Los resultados que arrojó, ¿estaban dentro de lo previsible?

Creo que sorprendió el bajo gasto ambiental que está haciendo Chile, lo que supone enormes desafíos hacia el futuro. Sin embargo, a la autoridad ambiental no le sorprende que gran parte del gasto en biodiversidad esté fuera del Ministerio del Medio Ambiente, yo creo que fue la ciudadanía la sorprendida con esta información.

Para el Ministerio es una situación incómoda que frente a la ciudadanía sea el responsable de la política ambiental, cuando muchas veces no tiene ni los recursos ni los instrumentos para poder hacerlo; para el Estado y el Gobierno en particular, hay un reconocimiento que esto es efectivamente un problema.

En consecuencia, hay una serie de iniciativas para hacer más consistente la política de protección de la biodiversidad, en donde la más importante es la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), esta cuenta con  dos componentes: el primero es la creación del Servicio que viene a reunir las distintas atribuciones y responsabilidades que se encuentra dispersas, lo que es muy importante ya que centraliza las decisiones en biodiversidad; y el otro componente es que se introducen nuevos instrumentos con una nueva mirada más transversal y sistémica sobre cómo proteger la biodiversidad en nuestro país.

– ¿Cómo son estos nuevos instrumentos?

Tenemos que decir que actualmente no hay instrumentos sustantivos de parte del Estado que no sean las Áreas Protegidas. Ellas son el principal instrumento de protección de la biodiversidad en Chile. El proyecto de ley SBAP pretende abrir la discusión respecto a la posibilidad de nuevos elementos de gestión ambiental para la protección, especialmente fuera de las Áreas Protegidas. Y ahí se está conversando el uso de servicios ecosistémicos, pago por estos servicios, la idea de bancos de compensación y mecanismos de certificación; estos instrumentos pretenden fomentar la protección de la biodiversidad, a partir de la creación y constitución de mercados y de transparentar información para facilitar la protección.

Eso es lo que se ha estado haciendo. Creo que el Estado está atrasado en esta materia y por ello el actual Gobierno busca avanzar a través de la Ley del SBAP. Pero también se observa que a nivel privado hay interés en Áreas Protegidas privadas que son importantes, y también tienen interés en fomentar el uso del pago por servicios ecosistémicos.

A través del proyecto SBAP se reconoce que se requieren novedosos instrumentos de gestión ambiental y un rol más proactivo por parte del Estado.

– ¿Estos instrumentos surgen como la solución para la protección de la biodiversidad o faltan otras acciones?

No, no son la solución en ningún caso. Son complementarias. Lo que necesita el Estado es la mayor cantidad de instrumentos de gestión ambiental para usar aquellos que son más relevantes en la situación adecuada. Para el Estado chileno las Áreas Protegidas siguen siendo el principal instrumento de gestión, y por eso el proyecto de ley se denomina de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Tenemos que lograr los mayores esfuerzos para gestionar estas áreas de la mejor manera posible, incluyendo su evaluación económica y social y, por cierto, asegurar su cumplimiento en la protección efectiva de la biodiversidad, avanzando, entre otros aspectos en elaborar indicadores.  Me parece que posiblemente es necesario crear nuevas Áreas Protegidas, fundamentalmente en la costa y quizás en el norte del país, donde hay menos ecosistemas protegidos.

Comprendemos que los instrumentos económicos son complementarios a la política global y pueden servir como herramientas donde las Áreas Protegidas no cumplen con todos los objetivos, o no es posible establecer una. En este sentido hay que entender que los instrumentos económicos o las áreas protegidas privadas son complementarias, pero parte de una familia de instrumentos que el Estado tiene a su disposición para cumplir sus objetivos de protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.