Boletín 9 Juan Ladrón de Guevara: “La conservación de la biodiversidad tiene que dejar de ser un problema de la ciencia ambiental para pasar a ser un problema país”

JLG editJuan Ladrón de Guevara es Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia desde el año 2014. De profesión ingeniero agrónomo, con mención en Economía Agraria de la Universidad de Chile, cuenta además con estudios en Economía de Recursos Naturales, Financiamiento, Emprendimiento, Innovación y Negociación de Conflictos. Asimismo, posee trayectoria en cargos directivos en el sector público, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
En el año 2014 y en el marco del proyecto GEF SNAP* elaboró un informe denominado “Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030 Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile” en el que realiza un análisis de los antecedentes de su nivel de financiamiento al 2012, estudios de brechas, antecedentes del tipo de gasto requerido y de las fuentes potenciales de financiamiento, estableciendo además metas de recursos necesarios de movilizar para el SNAP. Desde este año integra el Comité Directivo del Proyecto BIOFIN Chile.
En esta entrevista, Juan Ladrón de Guevara se refiere a la situación de la biodiversidad en nuestro país y a los mecanismos necesarios para su conservación.
– ¿Cómo ve el panorama general en torno a la conservación de la biodiversidad en nuestro país?
Si se mira desde la perspectiva histórica, creo que hay muchísima más consciencia e información que hasta hace unos años. Existe bastante más claridad de lo que es la biodiversidad, de lo que Chile tiene y vale, hay más centros de investigación trabajando en esto…el mismo gobierno ha hecho también avances en la clasificación de especies y Áreas Protegidas (AP). Hay bastante avanzado, la sociedad ha cambiado y tomado más consciencia.
– ¿Qué opina respecto a la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)?
Se están dando los pasos que se necesitan. No es posible hacer instituciones nuevas en el Estado, sin involucrar a la ciudadanía, sobre todo a las comunidades indígenas que en este caso tienen tan fuerte relación con la biodiversidad. Consultarles es una muy buena práctica, aunque implique un cierto retraso en los tiempos, me parece que es un retraso necesario que le dará legitimidad a la institucionalidad que se cree. Es tiempo que se gana.
– En la propuesta financiera que ud elaboró en 2014 explica una serie de elementos que configuran la situación de las Áreas Protegidas en nuestro país ¿ha cambiado eso en estos dos años?
Creo que las instituciones han tomado consciencia. En un estado pequeño como Chile, que tiene una agenda muy ambiciosa en lo político y en lo económico -con un presupuesto finito-, el escenario no es muy halagüeño en términos de asignación presupuestaria para la biodiversidad. El estudio que me tocó liderar por el GEF SNAP puso un énfasis muy fuerte en que, si bien no hay duda que la conservación de la biodiversidad es muy importante, no necesariamente va a tener los recursos que necesita en el corto plazo. En el estudio pusimos los criterios que son necesario alcanzar para que el Estado invierta en esta área: impactos medibles, eficiencia y efectividad en el gasto actual, cofinanciamiento con privados, vinculación con desarrollo económico de los territorios, etc…lo que hicimos fue explicitar cómo el Estado invierte recursos y lo tradujimos al lenguaje de la biodiversidad. Por tanto, sigue vigente en sus conclusiones y recomendaciones, ya que colaboramos en el re-pensar cómo hacer las cosas para convertirnos en un ejecutor interesante de los recursos públicos; en el fondo, se trata de replantearse ante Dipres o Hacienda para que nos miren en términos del impacto político y económico que podemos generar, en este caso las AP.
– Con las prioridades que ha establecido el gobierno en agenda social ¿Dipres o Hacienda podrían abocarse a temas como la biodiversidad?
No de forma fácil, y en esto el SBAP será un hito importante. Recuerdo cuando me tocó presentar en la comisión del Senado la estrategia para el SBAP. Tuve una pregunta muy inteligente de un Senador, quien me recordó que las platas que solicitábamos no nos iban a llegar en toda su magnitud al crearse el SBAP. Nosotros estimamos que debíamos pasar de $16 mil millones/año actuales a unos $120 mil millones/año necesarios para financiar de óptima las AP, salto que en el mundo público sabemos se observa solo en materias de altisimo consenso y prioridad política. El Senador nos pidió priorizar un par de cosas que nos permitirían iniciar con un proceso paulatino, y yo siento que el debate debiera centrarse ahora en eso. Así fue como se inició el Ministerio del Medio Ambiente, con un presupuesto que en sus inicios fue un 15% de lo que se le asigna en la actualidad.
– ¿Y cuáles serían los elementos para partir con la asignación de recursos y una implementación gradual?
Lo primero es cómo dar prioridad política a la conservación de la biodiversidad. Y ahí el mensaje que transmitimos fue que la biodiversidad tiene que dejar de ser visto solamente como un problema de la ciencia ambiental, tiene que pasar a ser un problema país. La biodiversidad y los parques nacionales en particular, son bienes nacionales de alto valor, muy bellos y de todos los chilenos, entonces más que hablar de “la conservación” como un fenómeno ambiental, hablemos de “lo público” pues es un fenómeno que apela a todos y al colectivo. Para que este tema tenga prioridad, la sociedad debe valorarlo y reconocerlo, sensibilizarse con los bienes públicos. Lo vemos, por ejemplo, en la discusión de la educación pública: lo colectivo es algo que está vigente en Chile y que viene con mucha fuerza en las nuevas generaciones. En el fondo, se trata de retomar la dimensión de bien público que tienen los parques nacionales y la biodiversidad.
Lo segundo y más concreto es la medición de la eficiencia y los resultados. La principal herramienta que tiene el Estado para asignar recursos es en base a resultados. Los estados modernos se evalúan y transparentan a la ciudadanía la forma en que gastan los recursos. En el estudio que realizamos, nos dimos cuenta que la forma en que medimos la conservación no es del todo apropiada para una negociación de recursos: o se mide muy científicamente, o con parámetros que no son útiles a la hora de presentar en Hacienda. Esto es un muy mal pie para negociar la asignación de recursos. Aquí recomendamos la necesidad imperiosa de generar data de resultados, mostrar sistemáticamente cuánta plata se recibe y en qué se gasta, cuáles son las amenazas que controlamos y detenemos, exponer el estado de las cosas, la gestión de la conservación. Con esta información se puede llevar la discusión presupuestaria a resultados. Esto que puede parecer simple, implica que todas las unidades que trabajan biodiversidad y AP necesitan sistematizar nueva información.
Y lo tercero es una invitación a reflexionar sobre el rol del sector privado. Si nosotros miramos el desafío que tenemos en materia de AP y biodiversidad, veremos que es un salto grande en términos de institucionalidad y recursos. Tenemos dos tipos de camino: aspirar a que el Estado sea el gran financiador de este desafío; para que se concrete tiene que haber una prioridad política nítida y consensuar que la conservación es una tarea del Estado; pero también está el camino en el que los privados se hagan también cargo de la conservación, porque se benefician de ello y de los servicios ecosistémicos, con condiciones que permitan una sinergia con el gobierno. Esta es una decisión política. Nosotros planteamos que daba un poco lo mismo el camino, lo importante es construir las bases para cualquiera de los dos y avanzar. El ejemplo más claro es el turismo, una actividad que hace evidente uso de la biodiversidad, y donde es necesario repensar la forma en que organizamos hoy el uso que hace de las AP: ¿cómo hacemos que el sector financie eficientemente el control de las amenazas y riesgos que produce? Como todos los sectores económicos, debe hacerse cargo de corregir sus externalidades y no perjudicar el principal activo que sustenta su negocio y que es de todos los chilenos.
– En este contexto ¿cómo evalúa la implementación de mecanismos financieros para la biodiversidad?
La estrategia que sostengo es que debemos aprovechar al máximo las herramientas con que ya contamos, previo a inventar otras nuevas. En gasto público y en turismo, como te decía, hay mucho que optimizar. Lo otro, son los bancos de compensación en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Hoy en el país tenemos del orden de 10 nuevos proyectos grandes que generan impactos en biodiversidad, en los que se podría tomar esta compensación y hacer uso de la inversión de los privados de una manera mucho más inteligente. Calculamos que hay recursos usados de manera ineficiente.
Un desafío que no abordamos en este informe para el GEF SNAP fue el financiamiento de la biodiversidad en los territorios que están fuera de los parques nacionales: territorios con actividad forestal, agrícola o desarrollo inmobiliario. Creo que hay diversos mecanismos no regulatorios capaces de incentivar a los privados a adoptar prácticas que apoyen la conservación de la biodiversidad, destacando los instrumentos del Consejo de Producción Limpia que hoy me toca liderar.
*Gef Snap: Fondo para el Medio Ambiente – Sistema Nacional de Áreas Protegidas