Boletín 13 Fernando Valenzuela: “Invertir en conservación de la biodiversidad redunda en un mejor desarrollo y calidad de vida de las personas”

“Los bienes y servicios ecosistémicos que las áreas protegidas proveen al país, son del orden de los USD $ 2 mil millones al año.  Para la agricultura, por ejemplo, los servicios ecosistémicos por concepto de polinización representan subsidios que entrega la naturaleza del orden de USD $ 100 a USD$ 200 millones al año. Invertir en conservación de la biodiversidad redunda en un mejor desarrollo y calidad de vida de las personas en el país. Chile debe avanzar hacia un modelo de desarrollo humano en que la conservación de su patrimonio natural y cultural, sea un factor de sustentabilidad a nivel local, regional y nacional” declara el profesional.

Fernando Valenzuela

Fernando Valenzuela Viale coordinó el equipo de GEF SNAP desde 2012

La conservación de la biodiversidad a través de un sistema integrado de áreas protegidas, implica un proceso a largo plazo y cambios en la institucionalidad ambiental. Este ha sido el marco en el cual el Proyecto GEF SNAP “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile” desarrolló sus actividades entre 2008 y 2015. El proyecto fue ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y contó con el co-financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en sus siglas en inglés) y de 13 instituciones públicas y privadas del país. Fernando Valenzuela Viale, Ingeniero en Ordenación Ambiental, especialista en gestión y planificación estratégica en esquemas de cooperación público-privada, participó desde el comienzo en la ejecución del proyecto y le correspondió su coordinación desde 2012.

El Proyecto GEF SNAP, en conformidad a los lineamientos de la política pública de la última década, se propuso contribuir a avanzar en una iniciativa inédita a nivel global: gestionar integradamente las áreas protegidas terrestres, marinas, públicas y privadas, y no de manera aislada como suele ser la tónica. “Chile, por la extensión de su territorio y la enorme diversidad de ecosistemas presentes de norte a sur, requiere estrategias innovadoras para integrar la gestión de áreas protegidas en la gradiente altitudinal (de cordillera al mar), asegurando la conectividad ecológica, principalmente en los valles de la zona central donde se desarrolla la mayor parte de las actividades productivas y se concentran los principales asentamientos humanos. La integralidad del sistema ayudará a gestionar la conservación de la biodiversidad de una manera más costo-efectiva, generando corredores que permitan a las especies y ecosistemas tener mejores condiciones para su desarrollo y conservación, sobre todo en un contexto de cambios globales. Este sistema integral permitirá superar la dispersión de esfuerzos y recursos entre diferentes instituciones que actualmente existen en el país, favoreciendo nuevos esquemas de financiamiento, gobernanza y trabajo colaborativo entre todos los actores de la conservación” explica.

La integración apunta a modernizar la gestión de las actuales áreas protegidas: parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, áreas marino-costeras protegidas y áreas protegidas privadas y de pueblos originarios. Esto, basándose en estándares comunes para la planificación del manejo; la adecuada estimación de costos de la conservación efectiva; y la disponibilidad de un número acotado de categorías de áreas protegidas, pero con un amplio espectro de manejo, que van desde la preservación estricta hasta la conservación y uso sustentable, incluyendo áreas de soporte tales como zonas de amortiguación, corredores biológicos y paisajes de conservación.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Tras diez años de trabajo en torno al diseño del SNAP, se ha avanzado en la consideración de las áreas protegidas como una inversión y un factor de desarrollo humano y no como un gasto o un pasivo para la sociedad. Para ello, se ha contemplado una estrategia de financiamiento que le entregue sostenibilidad al sistema a partir del aporte fiscal directo, la generación de ingresos propios y el desarrollo de otros mecanismos complementarios de financiamiento.

  • ¿Cómo funciona la sostenibilidad financiera del SNAP?
Ingresos SNASPE 2001-2015

Ingresos SNASPE 2001-2015 (pincha para ampliar)

En la actualidad, y en términos generales, el financiamiento de las áreas protegidas se basa en tres fuentes: El aporte fiscal directo que el Estado asigna anualmente vía Ley de Presupuesto. La generación de ingresos propios, principalmente a través de tarifas de entrada y, en menor medida, concesiones turísticas. Y, en tercer lugar, las inversiones sectoriales y las inversiones a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para cubrir las brechas de infraestructura habilitante de las áreas protegidas.

Sin embargo, estas tres vías de financiamiento no aplican para todas las categorías de áreas protegidas. En el caso de las áreas marinas protegidas regidas por la Ley de Pesca, no es posible en la actualidad generar ingresos propios. En el caso de los santuarios de la naturaleza, no se dispone de aporte fiscal directo de manera estable y la generación de ingresos propios o el acceso de a fondos de inversión, depende de la capacidad de gestión de las áreas, especialmente en aquellas de propiedad privada.

La estrategia financiera propuesta por el Proyecto GEF SNAP, busca nivelar las posibilidades de obtención de financiamiento para todas las áreas protegidas (terrestres, marinas, públicas y privadas). Primero, visibilizándolas en la Dirección de Presupuesto (DIPRES), a través de un sistema que estandarice indicadores de conservación que demuestren la necesidad de un mayor aporte fiscal directo. Segundo, a través de una propuesta de arreglos institucionales facilitadores o legales para que aquellas áreas que no puedan generar ingresos propios, lo hagan de manera sustentable (por ejemplo, a través de esquemas de turismo y servicios ecosistémicos en las áreas marinas protegidas). Y tercero, en el ámbito privado, generando estrategias de incentivo, por ejemplo, a través de instrumentos de fomento productivos existentes, incorporándoles criterios de conservación de biodiversidad, de manera que los propietarios privados puedan desarrollar conservación dentro de sus predios y acceder a fondos para ello.

La estrategia financiera promueve la modernización de la gestión de los instrumentos existentes. Hoy las áreas protegidas del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, administrado por Conaf) tienen un presupuesto histórico que se ha incrementado mucho en los últimos diez años, pero dado que los planes de manejo no vinculan las actividades planificadas con los costos requeridos año a año, no es posible determinar el costo total que tiene la implementación en el mediano y largo plazo. Esto va a cambiar mediante la adopción de los nuevos estándares y el fortalecimiento de las metodologías de planificación del manejo que permitirán vincular objetos de conservación, amenazas, estrategias, metas, actividades y costos. En los próximos 3 a 5 años, habrá una nueva generación de planes de manejo con trazabilidad entre lo planificado, los resultados conservación, y los costos efectivos. Esto permitirá a las instituciones interactuar de otra manera con DIPRES, porque se tendrán indicadores concretos de resultados en conservación de la biodiversidad, demostrando que lo invertido genera impactos positivos en la función principal de las áreas protegidas. Este cambio es paradigmático y estamos contentos de haber ayudado a encaminarlo.

  • ¿Cómo ves este acercamiento entre biodiversidad y el mundo económico?

Hay un hito significativo: en 2009, por primera vez se logró obtener una estimación del valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos que las áreas protegidas proveen al país (USD$ 2 mil millones al año). Esta estimación, realizada por especialistas en economía ambiental, ha servido mucho en el acercamiento entre el mundo de la conservación y el mundo de la economía. Si bien el valor de las áreas protegidas (y el patrimonio natural y cultural que contienen) va mucho más allá del valor meramente económico, era necesario tener datos que ayudaran a tener un lenguaje común. Este trabajo permitió poner en la mesa de los tomadores de decisión en el ámbito económico, información que demuestra que las áreas protegidas no son un costo para el país, sino que una inversión. Ese cambio de lógica es lo que se ha incubado en este tiempo: pasar del discurso en que las áreas protegidas restan territorio al desarrollo nacional, a que las áreas protegidas son un elemento potenciador del desarrollo. Y esto no porque las áreas protegidas cambian su objetivo principal de conservar la biodiversidad, sino porque se logró demostrar que, conservándola, se genera bienestar humano.

Cerro_la_campana CC Wingkul

Cerro La Campana (Wingkul) imagen usada bajo licencia creative commons

Las áreas protegidas son un valor económico, social y ambiental para el país: contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Cuando el Estado pone recursos incrementales, lo que hace es invertir para generar una mayor rentabilidad social y eso es algo en que falta insistir a los tomadores de decisiones.

Pero tengo optimismo. Entre los años 2009 y 2014, solamente considerando los presupuestos anuales aprobados (no los gastos devengados), el aporte fiscal directo para el Programa SNASPE aumentó en términos nominales un 75%. Y si lo comparamos con años anteriores, el incremento es aún mayor: casi dos veces el presupuesto asignado en 2005. Este crecimiento sostenido del financiamiento estable disponible para el SNASPE -que representa en la actualidad más del 90% del financiamiento total en áreas protegidas y que ha sido posible monitorearlo porque desde 2009 el programa cuenta con una glosa presupuestaria específica-, no ocurre en el caso de las otras áreas protegidas. Un SNAP integral ayudará a resolver este aspecto, generando un financiamiento estable en beneficio de una gestión efectiva de la totalidad de los esfuerzos de conservación in situ en Chile.

También es importante señalar que a la par del aumento del aporte fiscal, ha habido un aumento importante de los ingresos propios en el SNASPE. Esto se debe al gran aumento de visitantes (un 40% entre 2010 y 2014) que dejan ingresos en las áreas protegidas. Esto demuestra que hay una base para señalar que las metas que se han planteado en la estrategia financiera, si bien son altas, no son imposibles. El país va a tener que decidir si las tasas históricas de crecimiento del financiamiento a las áreas protegidas se mantienen; o habrá que ampliar la capacidad de apalancamiento de recursos echando mano a los otros instrumentos, como ingresos propios, fondos de conservación o incentivos a privados para completar lo que falta. Pero también el país puede dar un salto importante en el momento que se concrete la creación del SNAP y del servicio público a cargo de su gestión, aumentando de manera decidida la asignación presupuestaria como una expresión real de la prioridad que el Estado le da al cuidado y conservación del patrimonio de todos los chilenos.

  • Sin embargo, sostienes que el financiamiento es insuficiente…

Hoy ciertamente lo es: se necesitan al menos USD $ 70 millones anuales adicionales para alcanzar la meta al 2020 que plantea la estrategia financiera para un escenario básico. Sin embargo -y a pesar del actual escenario económicamente restrictivo que estamos viviendo en Chile- soy optimista: sería muy distinto si en los últimos diez años hubiéramos observado un estancamiento o una reducción del financiamiento para las áreas protegidas. Pero no ha ocurrido así, todo lo contrario. Las tasas de incremento del aporte para conservar biodiversidad han aumentado más que el promedio histórico del aumento del presupuesto público general (lo que probablemente se deba al bajo nivel de financiamiento en Chile para las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad, en comparación con otros países de la región). La adopción de estándares modernos para la planificación del manejo, que entregará trazabilidad entre el manejo y los costos, va a tener un impacto relevante en la construcción de argumentos sólidos para solicitar mayor financiamiento en el futuro. La nueva generación de planes de manejo, va a cambiar la manera en que se solicitarán los recursos a DIPRES, porque van a existir indicadores objetivos para mostrar si se está conservando o no los objetos de protección de cada área protegida, si se están o no controlando las amenazas sobre la biodiversidad. Esto es fundamental para una gestión por resultados y es lo que DIPRES necesita para decidir la asignación del aporte fiscal. No me cabe ninguna duda que las áreas protegidas mejorarán sustancialmente sus niveles de gestión y financiamiento, si las diversas instituciones a su cargo trabajan de manera colaborativa, más aún en un escenario en que el Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas esté formalmente creado y en funcionamiento.    

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