Los desafíos que plantea el aumento de áreas protegidas en Chile

Se cumplen dos meses desde que se anunció, tras la donación de terrenos por parte de la viuda de Douglas Tompkins, la creación de la nueva Red de Parques Nacionales de la Patagonia, de 4,5 millones de hectáreas. El Estado protege hoy otros 14 millones de hectáreas —en 101 parques, reservas y monumentos naturales en todo el país—, pero sus condiciones plantean una serie de interrogantes. Entre ellas, que solo la mitad cuenta con más de un guardaparques.

Incendios, extracción de agua, ganadería ilegal, sobrecarga de visitantes y especies invasoras son las principales amenazas a la biodiversidad que enfrentan estas áreas. La nueva institucionalidad de protección de áreas silvestres anunciada por el Gobierno se discute en el Congreso desde 2014.

Los músculos del cuerpo tensos y el hocico amenazante del rival gatillan en el gato su instinto de supervivencia. Sus patas se aferran a la roca y trepa ágil, hasta perderse en el paisaje desgarrador de Torres del Paine.

El enfrentamiento entre perros salvajes y pumas no es desconocido para quienes cuidan las 181 mil hectáreas de ese parque de la Región de Magallanes. Y fue lo que capturó el fotógrafo Miguel Ángel Fuentealba en noviembre pasado. “Comparto esta imagen que evidencia el problema que existe con los perros en parques nacionales y/o áreas protegidas (…)”, escribió, junto a las fotos que subió a las redes sociales.

Así como los ataques de perros asilvestrados, existen múltiples riesgos que amenazan la biodiversidad de las áreas protegidas en Chile.

Se cumplen dos meses desde que la Presidenta Bachelet firmó un protocolo de acuerdo que crea la Red de Parques Nacionales de la Patagonia Chilena -que incluye a Torres del Paine- y que nace tras la fusión de 407 mil hectáreas donadas por la viuda del filántropo Douglas Tompkins con terrenos fiscales y otras áreas protegidas, conformando una vasta zona de 4,5 millones de hectáreas.

A esto se suman los 14 millones de territorio rico en biodiversidad que protege el Estado a través de la Corporación Nacional Forestal, Conaf. El grave problema es que casi la mitad de estas áreas protegidas cuenta con un solo guardaparques, o incluso ninguno.

La escasa dotación de personal debe lidiar con incendios, extracción de agua, ganadería ilegal, sobrecarga de visitantes -y el exceso de basura que implica- y especies invasoras, sus principales amenazas.

La nueva institucionalidad de protección de áreas silvestres anunciada por el Gobierno en marzo se viene discutiendo en el Congreso desde 2014. La ley deberá resguardar y conservar los 101 parques, reservas y monumentos naturales en todo el país, aunque 22 carecen de guardaparques profesionales de tiempo completo y 21 tienen solo uno.

Estas áreas sin personal suman 5.819.293 hectáreas, dos quintas partes de las áreas protegidas del país, y 1.330.591 hectáreas tienen un solo cuidador. O sea, juntas, suman el 49% del terreno total.

Es el caso de la Reserva Nacional Alacalufes (Magallanes), que acaba de ser ascendida a Parque Nacional. Con sus 2 millones 313 mil hectáreas de extensión, es la segunda área protegida más grande del país, tras el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Jovito González es su único guardaparques y administrador, quien para recorrerlo debe coordinarse con sus colegas del parque Bernardo O´Higgins, con los que comparte la única embarcación que la Conaf tiene disponible para el área. Los viajes de inspección duran alrededor de 12 días.

“Los Alacalufes no tiene infraestructura ni una lancha para recorrer sus canales, por lo que no es posible tener más personal. Lo ideal sería que pudiéramos construir cabañas en tres puntos de la reserva y hubiera 20 funcionarios trabajando en ella”.

Es cierto que se trata de una unidad aislada, pero, según González, igual requiere la presencia permanente de guardaparques: “Hay actividades extractivas autorizadas, como tala de cipreses y acuicultura, que deben ser fiscalizadas. Además, en esta región se ha encontrado a personas talando en lugares no autorizados”.

Para el director de la Conaf, Aarón Cavieres, si bien “buena parte (de las áreas protegidas) tiene presencia permanente de guardaparques, hay algunas que por aislamiento, por diversas condiciones, no tienen guardaparques. Sin embargo, en todas ellas existe un monitoreo y una supervigilancia permanente mediante visitas periódicas o vuelos, para asegurar que no sucedan casos de afectación”.

Reconoce que no existe un sistema estándar de monitoreo, que más bien depende del tipo de área. “En el Parque Nacional Alberto de Agostini (1.460.000 hectáreas en Magallanes y sin guardaparques), por ejemplo, hay momentos en que, por mucho que planifiquemos, no podemos ir (…) Hay lugares que estamos permanentemente visitando y monitoreando, y otros donde llegamos con menos frecuencia”, agrega Cavieres.

Dudas del nuevo servicio

Si bien la Conaf cuenta desde 2010 con el Programa de Amenazas y Restauración que se preocupa del tema, la resolución de los problemas rara vez es a corto plazo, la educación ambiental no siempre es efectiva y el presupuesto para financiar los programas es escaso o nulo, reconocen las fuentes consultadas.

De ahí que la futura ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que se discute hace más de dos años en el Congreso, sea fundamental para solucionar los nudos críticos. Hoy la responsabilidad del cuidado y protección de estas áreas se reparte entre diversos organismos con múltiples atribuciones.

Según la nueva ley, se trataría de un servicio descentralizado -supervigilado por el Ministerio del Medio Ambiente- que tendrá atribuciones regulatorias, normativas y de fiscalización, incluyendo la capacidad de otorgar concesiones a privados.

El tema de los guardaparques también se aborda, pero no en detalle. Según el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de la Conaf, Erry Leiva, se necesitan entre mil y mil 500 nuevos guardaparques para hacerse cargo de todas las áreas protegidas del país. “Esto no se ha incorporado en la discusión de la nueva institucionalidad, no hay una letra que diga que va a haber aumento de dotación o de guardaparques”, advierte.

La tramitación del proyecto no ha sido sencilla. De hecho, fue enviada en dos oportunidades: primero por el Presidente Piñera y luego fue retomada por la Presidenta Bachelet, quien la remitió en 2014. Desde entonces ha sido objeto de una serie de críticas, y los parlamentarios le hicieron más de mil indicaciones, varias de las cuales fueron recogidas por el Gobierno.

Uno de quienes realizaron indicaciones es el senador independiente Antonio Horvath, quien ha participado activamente en la discusión. El parlamentario reconoce que el proyecto original “tenía errores graves”. A su juicio, uno de las peores es que permitía por simple decreto la desafectación de un parque nacional, la categoría hoy más estricta, algo que va contra el protocolo de Washington sobre protección de la naturaleza y que fue suscrito por Chile.

La red actual presenta inconsistencias de las que el proyecto de ley hasta ahora no se hace cargo. Es así como existen áreas protegidas en las que el acceso más expedito es a través de caminos privados, previa autorización de sus dueños, como el caso de empresas mineras. Ninguna de las indicaciones menciona el tema de las servidumbres de paso o alguna figura semejante.

“No sabemos si el Gobierno presentará alguna indicación para regularlo”, reconoce el senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien admite que se trata de una materia exclusiva de la Presidencia de la República.

Otro tema delicado es la relación con las comunidades indígenas. En el parque Lauca (Arica y Parinacota) existe ganado de las comunidades locales, algo que teóricamente no debería ocurrir, porque en los parques nacionales se prohíbe cualquier tipo de actividad productiva. Algo parecido ocurre en el parque Volcán Isluga (Tarapacá). Varios senadores presentaron indicaciones al respecto, y se optó por someter directamente el proyecto a consulta indígena. A esto se suma que en el futuro parque nacional Alacalufes, de la red de parques de la Patagonia, hay presencia de comunidades kawésqar, por lo que también su creación (hoy es una reserva nacional) podría someterse a ese trámite.

Para el senador Walker, la iniciativa es extremadamente importante y la apoya, pero con aprensiones. “No nos basta con tener una institucionalidad adecuada. Necesitamos los recursos, un esfuerzo económico mucho mayor del Estado para que la conservación sea efectiva y se ponga en valor este patrimonio y lleguen los turistas”.

La quinta parte Las áreas protegidas cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, prácticamente el 20% del territorio nacional, según la Conaf.

Proyecto de ley endurece las condiciones de preservación con categoría de “región virgen”

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado cuenta con 101 parques, reservas y monumentos naturales que están bajo el cuidado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Los parques nacionales son áreas protegidas “excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”. En cambio, en las reservas nacionales se puede desarrollar actividad productiva de tipo sustentable, siempre que no ponga en riesgo los servicios ecosistémicos que aporta el área.

La nueva ley que se discute en el Congreso incorpora al sistema las distintas categorías de áreas marinas protegidas y también los santuarios de la naturaleza -a los que se les exigen las mismas condiciones que a las reservas nacionales-, que por años dependieron del Consejo de Monumentos Nacionales.

El proyecto también consolida la creación de una categoría aún más estricta que parque nacional, recomendada por el Protocolo de Washington y que en Chile no ha sido puesta en práctica: la reserva de región virgen, que define como “un área terrestre o acuática, marina o continental, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbadas por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica”. En estas áreas, según la definición del registro de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, no se permitiría la existencia de caminos para vehículos motorizados y está vetada toda explotación comercial.

Los grupos ambientalistas han abogado para que esta norma pueda aplicarse a toda la red nacional de glaciares, esté o no dentro de un parque nacional.

Fuente: Revisa la nota completa “El reciente aumento de las áreas protegidas tensiona su ya difícil mantención” elaborada por El Mercurio (replicada en Terram)